Entrevista

Paulo Egenau, psicólogo, Director Ejecutivo de la Fundación Paréntesis

- ¿Cuál es el espíritu que inspira la Nueva Ley de Responsabilidad Adolescente?

El espíritu de esta ley descansa en una promesa resocializadora, terapéutica y de inserción social de los jóvenes involucrados en crímenes y delitos. Si ése es el verdadero espíritu no tenemos por qué no creerlo. Pero se han tomado decisiones apresuradas que han puesto en riesgo su implementación, pues no están listos los sistemas técnicos, metodológicos ni las infraestructuras que apuntan a alcanzar ese espíritu.

- ¿Habría sido acertado aplazar su entrada en vigencia una vez más?

Con la comisión de expertos planteamos que las condiciones mínimas para un funcionamiento integral no se están cumpliendo, considerando las exigencias del texto legal. No se puede garantizar que la infraestructura, el estado de los programas de rehabilitación y reinserción, y la administración general del sistema permita una adecuada implementación. Pero no hay consenso en qué es mínimo para unos y para otros.

- Entonces, parece que el sistema no está listo para operar eficazmente...

Nosotros desaconsejamos la puesta en marcha del nuevo sistema en los términos previstos hasta ahora, pero entendemos que una nueva postergación implicaría una situación de irregularidad muy compleja para todos los actores involucrados. Los jóvenes seguirían sometidos a un sistema arcaico bajo la Ley de Menores, con la figura del discernimiento que es perversa, sin fundamentos y poco técnica. Y también perjudicaría al Estado, porque comprendemos que hay una demanda, una responsabilidad y un compromiso que cumplir con una reforma para la ley penal. Por eso, más que aplazar su entrada en vigencia, con la comisión de expertos propusimos realizarlo de manera gradual.

- ¿En qué consiste dicha gradualidad?

La gradualidad descansa en una concepción etárea. Sería conveniente desplegar una primera fase que incluya sólo a los jóvenes de 16 y 17 años, con lo que se cargaría menos al sistema y se podría monitorear el modo en que operarán todos los sistemas, la oferta programática, la infraestructura, las capacitaciones de policías, jueces, fiscales, defensores, redes de rehabilitación, etc. Y mientras tanto, aunque no es lo óptimo, postergar algún tiempo lo que compete a menores de 14 y 15 años, dejándolo en los tribunales de familia.

- ¿De cuánto tiempo estamos hablando?

No puede fijarse un tiempo a priori, porque hay que tomar las cautelas necesarias. Eso debería definirse como consecuencia de un estudio con fundamentos técnicos y no sobre la base de voluntarismos políticos. Esto no puede dejarse influenciar por premuras políticas y visiones cortoplacistas.

- Pero también plantearon postergar la entrada en funcionamiento de los sistemas de reclusión semicerrados...

Esa sugerencia no la hicimos porque los sistemas semicerrados nos parezcan malos, sino porque el tiempo ha sido escaso para implementarlos adecuadamente en términos de infraestructura, pues no cumplen con las finalidades que establece la ley. Estos sistemas son parte fundamental y estratégica, sobre todo para aquellos niños y jóvenes que tienen mayores niveles de dificultad. Les permite mantenerse insertos en sus redes, con una mirada territorial comunitaria, con un fuerte trabajo familiar, asistiendo a los colegios donde tienen ciertos niveles de pertenencia, pero con la condición de reclusión nocturna, aunque muy distinta a la reclusión nocturna adulta, porque en este caso descansa en una visión resocializadora, con acompañamiento personalizado.

- ¿Por qué cree que el Parlamento no consideró las recomendaciones de la comisión, si ellos mismos habían encargado el informe?

Hubo cerrazón de los parlamentarios y primó una mirada política, emocional, un apresuramiento exacerbado. Esta actitud no es buena al momento de implementar políticas públicas del nivel de dificultad que tiene esto. Faltó voluntad política tanto del Ejecutivo como del Legislativo para escuchar a una comisión que ellos mismos convocaron y que estuvo constituida por expertos de distintas áreas y de muy variadas tendencias, de gente que trabaja cada día con estas realidades.

- ¿Qué se puede esperar a partir del 8 de junio?

No creo que produzca un colapso del sistema, sino que pasará más bien inadvertido, porque no es algo que le toque el bolsillo y la comodidad a la mayoría de las personas, como el Transantiago. Lo que lamentamos es un incumplimiento de los compromisos que como país vamos estableciendo en políticas públicas con sectores desprotegidos y vulnerables. Lo que esperamos es que los sistemas lleguen a ser técnicamente excelentes por razones éticas y de derechos humanos, por una responsabilidad social y de compromiso con las políticas públicas. Y porque al país le conviene que los sistemas de administración de justicia juvenil funcionen correctamente, para que las personas que pasan por ahí no salgan con sus vidas más dañadas y produzcan más indicadores de violencia en la sociedad. 

Por Felipe Herrera Espaliat