Tiempos de justicia

El Informe del Consejo Asesor Presidencial sobre Trabajo y Equidad es un hito importante en la lucha contra las injustas desigualdades que caracterizan a nuestra sociedad y a nuestro estilo de desarrollo económico. Su significación y transcendencia potencial descansa en el reconocimiento público del hecho que muchos, obnubilados por el éxito del crecimiento económico, negaban y ocultaban, a pesar de la denuncia de algunos políticos, académicos y, especialmente, de nuestros obispos, en los últimos treintaicinco años. En nuestro país existen escandalosas desigualdades que atentan contra la justicia, la solidaridad y la fraternidad que son valores fundacionales de la convivencia en paz.

Junto al reconocimiento del hecho de la magnitud y permanencia de las injustas desigualdades, el Informe aporta una esperanza sustantiva: es posible reducir y, en algunos casos, superar las injustas desigualdades, mediante un conjunto de proposiciones de políticas económicas y sociales que dan origen a medidas concretas, en los distintos campos del quehacer personal y social donde se manifiestan las desigualdades. El Informe contiene un conjunto de propuestas consensuadas, alternativas y antagónicas que debieran ser analizadas por las instancias políticas – Ejecutivo y Parlamento – para convertirlas en políticas eficaces en el combate contra la injusticia.

El Informe también contiene y revela las profundas diferencias filosóficas, ideológicas y políticas que dividen a los chilenos, especialmente en el ámbito de las relaciones laborales y de la institucionalidad laboral. Estas diferencias se anquilosan y permanecen por la memoria histórica que algunos grupos conservan del golpe de estado de septiembre del año 1973, de la defensa irrestricta de la institucionalidad laboral impuesta por la dictadura, y del complejo juego de miedos e intereses que ha caracterizado a nuestra transición a la democracia. El hecho brutal y el desafío pendiente más grande que deja el Consejo, es el de buscar formas mayoritarias de corregir y suprimir las grandes asimetrías entre capital y trabajo que caracterizan nuestras relaciones laborales, junto a las que predominan en el modelo de negocios y las relaciones entre las grandes corporaciones o grupos económicos y las medianas, pequeñas y microempresas. La concentración económica y la injusta distribución del ingreso entre capital y trabajo son las dos caras de un mismo fenómeno cuyo producto final es una sociedad injusta.

¿Qué efectos positivos pueden tener las recomendaciones del Consejo para una familia que viven Renca, agobiada por la inestabilidad de los ingresos familiares, y otra que vive en La Legua, que no quiere depender de los ingresos que potencialmente le aporta el narcotráfico y busca trabajo e ingresos suficientes para vivir con dignidad?

En el Informe hay propuestas concretas para mejorar los ingresos de las familias de más bajos ingresos, donde se combinan subsidios al trabajo y una transferencia focalizada por hijo. De este modo la familia de Renca mejorará su empleabilidad y el nivel de ingresos familiares tendrá la estabilidad en el tiempo que ellos buscan. La familia de La Legua también se puede beneficiar de las medidas anteriores y de las medidas que apoyan al desarrollo de las organizaciones de base, y el apoyo a las microempresas mediante la cooperación de las ONG y los instrumentos actuales del esquema de protección social.

En suma, aunque hay muchas tareas y desafíos pendientes para hacer de Chile una sociedad aceptablemente justa, el Informe y el actual esquema de protección social han avanzado mucho en el campo del pensamiento como de la acción, inaugurando un nuevo tiempo de justicia cuyas responsabilidades son tanto personales como colectivas.

Humberto Vega Fernández

Decano
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Universidad Central de Chile
Miembro del Consejo de Trabajo y Equidad